El más emblemático de ellos, no por su significado espacial pero sí por el simbólico en el tiempo es el del Olivillo, un ejemplo de arquitectura racionalista. Un edificio que llevaba 35 años cerrados y que por fin ya se ha puesto la primera piedra del proyecto que le va a dar contenido a este inmueble protegido: el Centro de Transferencia Empresarial, "un espacio de confluencia entre empresas y universidad para el impulso de sectores industriales y empresariales desde la innovación y como apoyo a los emprendedores".
"Se convertirá en el epicentro de la innovación y transferencia de la Universidad de Cádiz, pero es un centro que va más allá de la UCA, en donde tendrán presencia otras entidades y organizaciones empresariales" , tal como se dice en la web de la UCA.
Este bien de interés cultural tenía como primer proyecto de Hotel de cinco estrellas por parte de un grupo nacional que finalmente se truncó por la crisis.
Un periodo de ocupación ciudadana y auto gestión para darle uso a este inmenso espacio vacío en pleno barrio de La Viña. Con denuncia de por medio a los que allí hicieron sus actividades culturales y que terminaron absueltos de delito alguno.
Finalmente es la Universidad de Cádiz la que se hará cargo del inmueble tras un acuerdo a varias bandas entre Ayuntamiento, Diputación y Universidad, una vez el edificio revirtió al ente originario, la Diputación Provincial de Cádiz. Se ubicará la Facultad de Educación, que retornará a la ciudad y campus del que jamás tuvo que salir, el de Cádiz. Cinco años por delante para hacer realidad este proyecto que revitalice a la Viña y el Balón.
El cierre de este edificio y su deterioro por el abandono obligó inclusive a la cofradía universitaria de Jesús Caído a cambiarse de sede.
Sobre este edificio, como otros tanto de la ciudad, surgió la posibilidad de su derribo por los costes de su rehabilitación para asegurar la seguridad. Esto se hace complicado por varios motivos, primero porque está enclavado en un entorno BIC y segundo porque el edificio en sí tiene nivel de protección ambiental en el plan general de ordenación municipal urbana de Cádiz, donde hay que respetar, al menos, la fachada principal a la Caleta y los volúmenes.
La Junta de Andalucía, propietaria del edificio, intentó por todos los medios que se declarara en ruinas para su derribo en 2013, algo a lo que la Justicia se ha negado en 2016. A principios de este año se presentó la posibilidad de que allí se ubicaran unos juzgados. De momento todo parado y el edificio deteriorándose cada día que pasa. Ya son nueve los años los que han pasado desde que se cerraron sus puertas.
